El Gobierno de México publicó nuevos decretos presidenciales para continuar con las obras del Tren Maya en Quintana Roo, medida que incluye nuevas expropiaciones de tierras ejidales en distintos municipios del estado. La decisión volvió a encender el debate nacional sobre el impacto ambiental, social y económico del megaproyecto ferroviario más importante del sureste mexicano.
De acuerdo con información difundida en el Diario Oficial de la Federación, las nuevas expropiaciones abarcan cerca de 10 hectáreas destinadas a infraestructura ferroviaria, obras complementarias y ampliaciones estratégicas del proyecto. Municipios como Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar aparecen entre las zonas involucradas en esta nueva etapa de adquisición territorial.
Autoridades federales sostienen que el Tren Maya representa una apuesta clave para fortalecer turismo, conectividad y desarrollo económico en el sureste del país. Además, aseguran que los propietarios afectados recibirán indemnizaciones conforme a avalúos oficiales realizados por instancias federales.
Sin embargo, colectivos ambientalistas y organizaciones civiles han manifestado preocupación por posibles daños a cenotes, cavernas, selva y mantos acuíferos de la región. Diversos especialistas consideran que el crecimiento acelerado del proyecto podría generar consecuencias ambientales de largo plazo en zonas ecológicamente sensibles.
A pesar de la polémica, las obras continúan avanzando en Quintana Roo y mantienen al Tren Maya como uno de los temas más comentados del país. Mientras algunos sectores celebran el potencial económico del proyecto, otros insisten en exigir mayor transparencia y protección ambiental para la región caribeña.
