Imputan a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por presunto tráfico de drogas, armas y combustible

La FGR señala al empresario por operar una red criminal con rutas entre Guatemala y México


Investigación en torno al propietario del certamen

Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible ilegal. De acuerdo con las autoridades, la organización operaba rutas que conectaban Guatemala con distintos estados del sur de México.

La investigación señala que la introducción de combustible ilegal se realizaba a través del río Usumacinta mediante lanchas, para luego trasladarlo en pipas hacia entidades como Chiapas, Tabasco y Querétaro. También se le vincula con la compra y venta ilícita de armas que habrían abastecido a grupos del crimen organizado.


Cómo se descubrió el caso

La carpeta de investigación se abrió tras una denuncia presentada en 2024, en la que se alertaba sobre una red que traficaba combustible y mantenía operaciones coordinadas con diversos actores. Como parte del proceso, se realizaron intervenciones telefónicas y un cateo en febrero de 2025, donde se aseguró documentación financiera y contratos relacionados con las actividades ilícitas.

Las autoridades identificaron movimientos económicos, registros de depósitos y contratos que presuntamente conectan a Rocha Cantú con las operaciones de la red delictiva.


Situación legal del empresario

Raúl Rocha Cantú cuenta con una orden de aprehensión; sin embargo, decidió incorporarse al programa de testigos protegidos de la Fiscalía, lo que indicaría su disposición a colaborar en la investigación. Hasta el momento no se han emitido declaraciones públicas por parte del empresario ni de representantes del certamen Miss Universo.


Implicaciones del caso

El proceso judicial contra Rocha Cantú abre un debate sobre la relación entre figuras del entretenimiento y redes de criminalidad organizada. Además, plantea cuestionamientos sobre el manejo interno de empresas vinculadas a franquicias internacionales y sus posibles vínculos con actividades ilícitas.

Este caso, aún en desarrollo, mantiene bajo observación el futuro del certamen y el impacto que tendrá en su estructura empresarial y en la percepción pública.