Se busca bajar de la contienda a 26 aspirantes, 18 de ellos con antecedentes penales por delitos graves
El Congreso de la Unión, encabezado por Morena, ha iniciado una ofensiva jurídica ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar al menos 26 candidaturas judiciales rumbo a la inédita elección del 1 de junio. Entre los perfiles señalados, 18 enfrentan carpetas de investigación abiertas por delitos como abuso sexual, peculado, lesiones y vínculos con la delincuencia organizada.
Boletas ya impresas y en distribución, pero el proceso aún tambalea
Con los nombres ya impresos en boletas en proceso de distribución, el Legislativo ha urgido al INE a cancelar dichas postulaciones, al considerar que no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación. Esta solicitud se da tras una serie de cuestionamientos sobre los mecanismos de selección que, en algunos casos, permitieron el acceso a la contienda mediante pase automático, sin un proceso riguroso de evaluación.
Impugnaciones por delitos y bajo desempeño académico
Además de los 18 perfiles con antecedentes penales, ocho candidaturas más están en la mira por no alcanzar el promedio académico mínimo requerido de 8.0, un filtro básico que debió aplicarse desde la primera fase del proceso.
Casos polémicos: exdefensores del narco y órdenes de aprehensión
Uno de los casos más polémicos es el de Silvia Delgado, exabogada del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, hoy postulada para jueza penal en Chihuahua. Según fuentes del Congreso, hay aspirantes con órdenes de aprehensión activas o con investigaciones vigentes por delitos considerados graves.
Sociedad civil también denuncia
Organizaciones ciudadanas y activistas han presentado denuncias públicas y formales ante el INE, alertando sobre la ética y antecedentes de varios candidatos. El INE ha respondido con la habilitación de un micrositio para recibir denuncias ciudadanas, con el objetivo de nutrir de certeza el proceso electoral.
La 8 de 8: nuevo filtro del INE contra la violencia y la corrupción
En una reciente medida, el árbitro electoral aprobó un acuerdo para verificar que los candidatos no hayan cometido delitos de violencia sexual, familiar, contra la vida o política, ni sean deudores alimentarios. La llamada 8 de 8 busca blindar la elección de perfiles con antecedentes de violencia o corrupción.
Más de 3,400 candidatos, 881 cargos en juego
La elección judicial contempla 3,414 candidaturas para 881 cargos en tribunales y salas de todo el país. Los ciudadanos deberán seleccionar hasta 12 aspirantes por boleta, lo que complica aún más la identificación de perfiles éticos y capacitados.